Esta iniciativa busca promover la equidad de género en la adjudicación de los terrenos baldíos nacionales, en la asignación de vivienda rural, la distribución de recursos para la promoción de proyectos productivos para fomento de la actividad rural, así como fijar mecanismos que garanticen su real y efectiva aplicación con el fin de erradicar cualquier forma discriminatoria de género. De esta manera se contempla que será obligatoria la adjudicación de mínimo 40% de los terrenos baldíos adjudicados durante cada año, a familias en cabezas de mujeres rurales: El 60% de los terrenos restantes será adjudicado a familias encabezadas por hombres o mujeres que cumplan con los requisitos que la ley establece.