LA PRESENTE LEY TIENE POR OBJETO QUE TENIENDO LA RESPONSABILIDAD DE TOMAR LA DECISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL DE SALUD DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS O MANUALES DE FUNCIONES EN UNA ENTIDAD PÚBLICA, MIXTA O PRIVADA ENCARGADA DE ESTA ASISTENCIA QUE , OMITA, IMPIDA, DILATE, RETARDE O NIEGUE SU PRESTACIÓN A UNA PERSONA CUYA VIDA SE ENCUENTRE EN ESTADO DE EVIDENTE E INMINENTE PELIGRO, INCURRIRÁ EN PRISIÓN DE CUATRO A SEIS AÑOS, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA ANTERIOR CONDUCTA, SOBREVIENE LA MUERTE, LA PENA DE PRISIÓN SE AUMENTARA HASTA LA CUARTA PARTE. SI LA CONDUCTA FUERE REALIZADA POR UN PROFESIONAL DE LA SALUD, SE LE IMPONDRÁ COMO PENA SUBSIDIARIA LA INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN POR LE TIEMPO DE LA PENA PRINCIPAL O CANCELACIÓN DEFINITIVA DE SU TARJETA PROFESIONAL, PREVIO PROCESO POR PARTE DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA MEDICA