Con esta iniciativa se garantiza el derecho fundamental a la información y el acceso democrático al servicio de televisión, así como a fomentar la industria audiovisual mediante la protección del talento nacional y el fortalecimiento de la televisión pública. De esta manera se establece el libre ejercicio a la comunicación tanto en cabeza de los ciudadanos como de los operadores públicos y privados. Se busca mantener un entorno normativo que permita la industria de televisión mantener un adecuado nivel de calidad, sin perjuicio de la competitividad que promueva la generación de nuevos contenidos, promoción de la cultura colombiana y generación de empleo y finalmente lograr que con la estructura del mercado de la televisión en Colombia resultante de la regulación del sector, permita la generación de ingresos que financien la televisión pública. Desde el punto de vista económico se mantiene la institución dela concesión, de la asignación del espectro y la explotación del servicio como principales fuentes de los ingresos indispensables para el sostenimiento, financiación y mejoramiento constante de la televisión pública estatal, a la vez que ordena sujetar a los operadores a un régimen estable y uniforme de cargas y responsabilidades. Se propone que los dineros provenientes tanto de las concesiones, como del uso del espectro y la explotación del servicio tengan como destino la financiación y mejoramiento del a televisión pública con el propósito de garantizar su sostenibilidad, permanencia, existencia y modernización. Se garantiza y mantiene las asignaciones de frecuencias que utilizan los operadores de televisión estatales, así como disponer de las frecuencias indispensables para que en el futuro puedan continuar existiendo bajo el formato digital. Se señala igualmente el régimen legal de infracciones y sanciones para televisión.