Se busca establecer unos mecanismos que faciliten la remisión y ejecución de cartas rogatorias y promover la concordancia entre los diferentes métodos que los Países miembros tienen consagrados para este fin. En tal sentido, establece los canales a través de los cuales debe formularse y atenderse el reconocimiento y ejecución de las solicitudes de asistencia legal en materia penal. Desarrollando distintos postulados constitucionales, entre ellos, el respeto a la soberanía nacional, el reconocimiento de los principios del derecho internacional, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y de la función administrativa. La cooperación judicial en materia penal entre los Estados promueve la lucha contra la delincuencia por cuanto la misma requiere de acciones conjuntas de la comunidad internacional. Con la aprobación del tratado se permitirá adelantar acciones que agilicen los mecanismos tradicionales de asistencia judicial en materia penal entre la Colombia y la Federación de Rusia, de manera que sean mas efectivos contra la impunidad de los delitos cometidos por los grupos criminales.