La presente ley es aplicable a todos aquellos contratosen los cuales las entidades estatales decidan hacer uso de los instrumentos establecidos en la presente ley, mediante los cuales encargan a un inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha infraestructura. También podrán versar sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos. En estos contratos se retribuirá la actividad con el derecho a la explotación económica de esa infraestructura o servicio, en las condiciones que se pacte, por el tiempo que se acuerde, con aportes del Estado cuando la naturaleza del proyecto lo requiera. El contrato resultante se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 en lo no regulado en la presente ley. Para desarrollar los contratos de concesión, las asociaciones público privadas y las iniciativas privadas, es necesaria la expedición de disposiciones legales para la generación de condiciones adecuadas para desarrollar proyectos que vinculen capital privado, de manera que se generen los incentivos correctos para todos los actores en el desarrollo de infraestructura del país. Así las cosas la iniciativa de proyecto de ley que se expone, busca generar estructuras contractuales para el desarrollo de infraestructura pública con el fin de proveer servicios públicos a largo plazo, en donde confluyen el sector público y el sector privado.