EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA ES UN SERVICIO PÚBLICO QUE CONSISTE, PREVIA LA EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS PARA SU EFECTIVA REALIZACIÓN, EN INSCRIBIR EN UN FOLIO DE MATRÍCULA, LOS TÍTULOS, ACTOS, CONTRATOS, PROVIDENCIAS JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS REFERIDOS A INMUEBLES Y DE LOS QUE DISPONGAN SU CANCELACIÓN, CON EL FIN DE QUE CUALQUIER PERSONA INTERESADA CONOZCA EN TODO MOMENTO LA HISTORIA Y EL ESTADO JURÍDICO DE LOS BIENES RAÍCES. ESTE SERVICIO SE PRESTARÁ POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS, EN LA FORMA AQUÍ ESTABLECIDA Y PARA LOS FINES Y CON LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY. EL PROYECTO SE FUNDAMENTA EN LA CREACIÓN DE UN RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ENCARGADOS DE LA FUNCIÓN REGISTRAL, COMO GARANTES DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES. DISPONE LA OBLIGACIÓN A CARGO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE SUMINISTRAR A LAS OFICINAS DE CATASTRO, CADA MES Y A TRAVÉS DE MEDIOS TÉCNICOS O ELECTRÓNICOS QUE OFREZCAN SEGURIDAD Y AGILIDAD, LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MUTACIONES Y/O MODIFICACIONES DE LA DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES, DE LAS CUALES TOMAN NOTA LAS OFICINAS DE CATASTRO, PARA EFECTOS DE LAS FACULTADES A ELLAS ASIGNADAS, CON LO CUAL SE LOGRA LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL Y SU CONCORDANCIA CON LA REGISTRAL.