El proyecto sometido a examen del Congreso de la República busca dar cuenta de tres aspectos básicos de especial importancia en el mejoramiento de las condiciones del Sistema Penitenciario y Carcelario.

El primero de ellos es la consagración expresa de la posibilidad de asignar la vigilancia de los establecimientos de reclusión a los organismos o entidades públicas que determine el Gobierno Nacional, o a particulares, así como también contar en circunstancias especiales con el apoyo de la Fuerza Pública en el manejo del orden en los centros de reclusión. Esta disposición busca entonces elevar al rango de ley la alternativa establecida en el artículo 44 del Decreto 1890 de 1999 para el manejo de los establecimientos de reclusión y de paso definir con mayor precisión el alcance y condiciones de la intervención de la fuerza pública en ellos.

El segundo, tiene que ver con la clarificación de la naturaleza del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, en términos de la caracterización de las atribuciones que el ordenamiento le otorga como garante del orden, la seguridad, la disciplina de los internos, la protección de sus derechos fundamentales y demás garantías constitucionales.
El tercer aspecto está relacionado con la modulación del alcance de la figura del retiro discrecional por voluntad del Director General del Inpec. En este punto, el objetivo principal es la garantía de los derechos del personal pero a la vez permitir el uso adecuado de la figura en circunstancias de especial gravedad.
ARCHIVADO ACORDE A LOS ARTICULOS 162 C.P Y 190 LEY 5/92 SEGUN OFICIO 6/07/09