Lo que pretende el proyecto de Ley es mejorar la redacción del artículo y diferenciar en la protección que la Corte Constitucional a través de la sentencia C-531 de 2001, le dio a las personas que encontrándose vinculadas laboralmente adquieran algún tipo de discapacidad y en la protección que tienen las personas con algún tipo de discapacidad en el momento de ser vinculados laboralmente, ya que se estaba convirtiendo en un obstáculo para las personas y las diferentes fundaciones y organizaciones que trabajan en inserción laboral de esta población, debido a que las diferentes oficinas jurídicas del sector privado interpretaban equívocamente el artículo y argumentaban que nadie podía despedirse sin previa autorización de la oficina de trabajo a pesar de que existirá una justa causa.