Con este proyecto se busca la atención especial que debe merecer la televisión comunitaria como propiedad privada con principios mutualistas, que le permita a nuestra legislación ser la única en el mundo que contemple este servicio por parte de las comunidades organizadas de manera expresa y que ya ha empezado a ser imitada en otros países, como una nuestra ejemplar de democracia participativa y como forma de ejercer una televisión social, en una época de monopolios en los medios de comunicación y de globalización de la economía.