Con el propósito de mejorar la calidad de vida urbana y garantizar el derecho constitucional al goce de un ambiente sano, declárese de interés público colectivo, social y de conveniencia nacional la utilización de combustibles diésel que cumplan los parámetros usuales de calidad internacional. Para ello las autoridades estatales a que alude la presente Ley, deberán implementar las medidas conducentes a mejorar la calidad del diésel mediante la disminución progresiva de los niveles de azufre, hasta llegar a un máximo de 500 partes por millón de azufre, a 31 de julio de 2009.