Teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior y de Justicia no posee la infraestructura ni la capacidad técnica y operativa, ni los recursos necesarios para atender los asuntos que le han sido asignados por la Ley 1116 de 2000, como si los tiene la Superintendencia de Sociedades, por ser un Organismo Técnico y especializado, es razón suficiente para que por medio del proyecto de ley presentado se le asigne la función al mencionado organismo de inspección, control y vigilancia.