El proyecto tiene como propósito dictar normas sobre la operación y funcionamiento de establecimientos que explotan el uso de videojuegos. Su objetivo principal es proteger de su nociva influencia a los menores de 14 y 18 años de edad, limitando su acceso a cada clase de juego, de acuerdo a una clasificación previa, teniendo en cuenta el grado de agresividad soportable y/o diferenciable por rango de edades.