siendo tan grave el daño social que se causa con la usura, es absolutamente necesario, como forma de control social formal, que quienes están dedicados a esa nociva práctica no puedan fácilmente obtener libertad provisional, y además es de utilidad que el sistema penal pueda cumplir su papel disuasor, por la amenaza de la violencia que puede desencadenar el Estado contra el ciudadano inconforme con las normas de convivencia establecidas en punto de la convivencia pacífica y armónica, que se cristaliza en una posible privación efectiva de libertad, por cuenta de la comisión de un delito.