Los artículos 23 y 74 de la Constitución Nacional consagran el derecho que tienen todas las personas de solicitar y obtener el acceso a la información contenida en los documentos públicos y a pedir copia de los mismos, salvo los casos establecidos por la Ley.
Sin embargo, y ante el uso indebido de la información registral que reposa en los archivos de las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país por parte de personas que acuden a ellas amparadas en la protección de un derecho, no con el interés contemplado en la Constitución digno de protección, sino por simple curiosidad o para incurrir o facilitar la comisión de un hecho delictuoso, la Superintendecia de Notariado y Registro expidió la Instrucción Administrativa No. 038 de septiembre 2 de 1996, con el fin de reglamentar el acceso a dicha información, la cual fue anulada por Sentencia de 29 de enero de 1998 del Consejo de Estado, expediente 4155, por considerar que solo el legislador tiene la atribución de darle el carácter de reservado a un documento público y de establecer las correspondientes limitaciones para acceder a la información contenida en el, cuyo fin es el objeto de este proyecto.