El régimen especial de facturaciones de los servicios públicos domiciliarios de créditos financieros y de tarjetas de créditos, actualmente parece carecer de sentido común por los abusos de los acreedores al incluir indebidamente sumas que no corresponde abonar y que, en el mejor de los casos, acreditan los importes abonados en la siguiente facturación.
Se brinda con esta iniciativa solución legal para restablecer la justicia frente a la ilegalidad que la lesiona desprotegiendo a quienes están a merced de la perversidad de un sistema que solo reconoce el derecho de cobrar intereses (aun usureros) a una sola parte de la sociedad, obviando los derechos reconocidos por la ley. Aquí por ende no solo se restablece la injusticia sino que se establece el monto de intereses que, si no correspondiera otro mayor, será el mismo que se cobra al usuario cuando se atrasa en su pago.