Este proyecto intenta implantar una verdadera política social que consiste en asegurar a los pensionados un mínimo pensional razonable, acorde con su dignidad, que permita blindarlos de los múltiples riesgos que conlleva la irremediable entrada a su último ciclo vital; que les ampare, de alguna manera su supervivencia frente a las sobresaltadas circunstancias de orden político y económico del país, y les mejore en lo posible su perspectiva de envejecimiento. Por eso, la aprobación de este proyecto busca darles la plena seguridad de que sus pensiones no perderán poder adquisitivo, en desarrollo de los principios constitucionales heredados de la Carta Política.