La presente ley tiene por objeto reformar la Ley 62 de 1993 y la ley 1801 de 2016 para fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional, prohibir y regular tácticas y procedimientos policiales agresivos, fortalecer el control externo, dar impulso al Sistema Nacional de Participación Ciudadana, entre otras disposiciones. La Policía Nacional tiene como fin principal la prevención de aquellas conductas que constituyen amenazas de afectación del orden público o impiden la convivencia entre las personas y no, asumir funciones que le son propias e inherentes a las Fuerzas Militares, como lo es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La instauración de un régimen de carácter civil y democrático, según la doctrina autorizada en esta materia, “sólo es posible si se logra la consolidación de una serie de separaciones o divisiones de fuerzas contrapuestas, tales como el poder político del económico, el poder temporal del poder espiritual y el poder civil del poder militar. Dichas separaciones tienen la finalidad de encauzar hacia fines sociales ciertas actividades que, de otra manera, entregadas a sí mismas, resultarían perjudiciales”13 . Siguiendo la anterior doctrina, la Corte Constitucional ha señalado que el fundamento de la separación entre lo civil y lo militar proviene de un principio esencial en la organización de las relaciones entre el Estado-aparato y los gobernados, que puede ser expresado bajo la premisa que señala que “el ejercicio de la fuerza pública debe ser el mínimo necesario para mantener las condiciones de libertad que permitan el ejercicio de los derechos fundamentales”. Para ello se ha utilizado principalmente el poder militar, que tiene como sustento enfrentar las amenazas al régimen constitucional vigente.