La presente ley tiene por objeto adoptar medidas para la investigación y judicialización de las conductas que atentan contra las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, dirigentes políticos, sindicales o antiguos integrantes de las FARC-EP que se hayan reincorporado a la vida civil. De esta manera se busca garantizar que los autores materiales de conductas que atenten contra personas, o familiares de ellas, que ejerzan actividades de promoción y protección de los derechos humanos, periodistas, dirigentes políticos, sindicales o antiguos integrantes de las FARC-EP que hayan reincorporado a la vida civil, aporten información exhaustiva sobre los crímenes cometidos y los grupos armados involucrados en ellos, incluyendo sobre quienes dieron las ordenes o aprobaron los asesinatos. Se incluye disposiciones para evitar que la Fiscalía opte por una calificación jurídica o de autoría que no corresponda a los hechos incluidos en la imputación o la acusación, o que se pueda conceder cualquier tipo de beneficios al procesado a través del cambio de calificación de la conducta sin ninguna base fáctica o compromiso con la verdad y el esclarecimiento pleno de los hechos.