Esta iniciativa busca modificar el articulo 27 de la Ley 715 de 2001, sumando a la insuficiencia y las limitaciones, el déficit de calidad de los establecimientos educativos oficiales, lo que permitirá a las entidades territoriales contratar con establecimientos no oficiales para brindar mayor aceptabilidad al sistema y ofrecer a los estudiantes educación de calidad, en cumplimiento de los tratados internacionales, normas constitucionales y legales que reconocen la supremacía de los derechos de los niños, niñas y adolecentes, como superiores frente al derecho de los demás ciudadanos. El valor de la prestación del servicio financiado con recursos del sistema general de participaciones no puede ser superior a la asignación por estudiante, definido por la Nación. Cuando el valor sea superior, el excedente se pagará con recursos propios de la entidad territorial, con las restricciones señaladas en este Proyecto.