Este proceso de reforma normativa aborda entre otros aspectos los relativos a establecer: i) los tiempos del trámite arbitral, especialmente en la etapa inicial, a fin de garantizar el principio de celeridad y la agilidad de la figura, evitando dilaciones y formalismos innecesarios; ii) las tarifas y oportunidad del pago de los honorarios, para incentivar tanto la oferta institucional como la demanda ciudadana; iii) las condiciones de funcionamiento y sostenibilidad de los centros, con énfasis en su calidad; iv) la idoneidad y ética de los árbitros, para lo cual es preciso revisar los criterios de integración de las listas y pensar en regulaciones éticas comunes; v) el impulso del arbitraje internacional, mediante garantías de seguridad jurídica y calidad del servicio; y vi) el desarrollo del arbitraje social, con el fin de ampliar su cobertura territorial y poblacional.