La presente ley es garantiza el debido proceso electoral; y en particular asegurar la transparencia y acceso a la información correspondiente a las votaciones y a los escrutinios; la armonización de procedimientos de escrutinios con la Constitución Política vigente; la tecnificación progresiva y a cargo del Estado de los procedimientos electorales; la adopción de la carrera electoral y el estímulo a quienes contribuyan al desarrollo de las actuaciones electorales; y la lucha contra la corrupción electoral.