Este proyecto tiene como finalidad crear un tipo penal denominado omisión o denegación de urgencias en salud, el cual, pretende sancionar penalmente la omisión, impedimento, retardo o negación de la prestación del servicio de urgencias en salud a quienes se encuentren en estado de inminente peligro de muerte. Los sujetos calificados del delito según el proyecto serían el director, administrador, representante legal y funcionario de la entidad prestadora de los servicios de salud que sin justa causa ejecute alguna de las conductas de los verbos rectores. Se propone, una pena de prisión de 24 a 36 meses y un el aumento de ¼ parte de la pena, si como consecuencia del hecho sobreviniere la muerte de la víctima.