A través de la presente ley, se establece que la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE - tendrá vigilancia comunitaria, preferiblemente de las asociaciones de padres de familia. Según lo establecido en el Decreto 1852 de 2015, el interventor de la operación (la entidad territorial contratante y los entes de control) escuchará(n) de carácter obligatorio, las observaciones que resulten del ejercicio de veeduría, por parte de estas asociaciones, sin que estas sean jurídicamente vinculantes. De tal manera y bajo la línea del gobierno nacional, se busca con un ejercicio comunitario realizar un acompañamiento con total transparencia, velando por los intereses de los niños y adolescentes beneficiarios del programa, facilitándole a los padres herramientas para vigilar y denunciar cualquier irregularidad que se presente durante la operación de este programa.