Un elemento esencial de esta iniciativa legislativa es la necesidad de convertir en política de Estado el conjunto de estrategias y programas que buscan el goce efectivo del derecho a la vivienda. Para ello, se requiere promover la concurrencia armoniosa entre la Nación, las entidades territoriales, autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación del ordenamiento del territorio. Se establecen disposiciones para apoyar el acceso a vivienda mediante el establecimiento de diversas modalidades de subsidios familiares de vivienda y la ampliación de instrumentos financieros que profundicen el acceso a crédito en condiciones de equidad. Se otorgar al Gobierno Nacional la competencia para fijar los plazos y montos máximos de los créditos de vivienda individual, respetando criterios de estabilidad financiera, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso al crédito y la profundización de estos instrumentos de forma sostenible. Se incluye medidas para la reducción del déficit habitacional cualitativo, a través del establecimiento de subsidios o apoyos para el desarrollo de programas de mejoramiento integral de viviendas, así como la inclusión del acceso a los servicios básicos como uno de los pilares de los programas de mejoramiento integral. Se adoptan medidas para la promoción de la oferta de suelo urbanizable en el país, estableciendo un plazo para la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial, y brindando las herramientas necesarias para apoyar las actividades de diseño, elaboración y presentación de los mencionados planes por parte de las entidades territoriales. A su vez habilita al Gobierno Nacional para definir el precio máximo de las viviendas de interés social e interés prioritario, de manera que la nueva oferta de suelo urbanizable pueda ser aprovechada para ofrecer de forma efectiva nuevas opciones de vivienda a los hogares con mayores necesidades, en condiciones viables para el sector. También se establecen disposiciones para promover la inversión en el sector, la formalización y el fortalecimiento empresarial. Por medio de estas medidas se busca aumentar la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria, elementos ambos necesarios para facilitar las decisiones de inversión, con una gestión transparente, pública, abierta y accesible de los instrumentos de gestión y habilitación del suelo. A su vez, solicita a las empresas participantes el diseño de mecanismos de autorregulación que reduzcan la corrupción y aumenten la confianza y el intercambio entre los participantes de estos mercados. Para facilitar esta transformación, por medio del proyecto de ley, se crea un sistema único de información transaccional que contendrá un inventario en tiempo real de las actuaciones, acciones, instrumentos y licencias urbanísticas de cada municipio. La implementación del sistema se realizará mediante el acompañamiento a las entidades territoriales y el aprovechamiento de las plataformas existentes.