La presente ley tiene por objeto dictar medidas en contra de la gran corrupción tributaria, fortalecer la DIAN y dar garantías a los ciudadanos para que los organismos de control no se empleen con fines electorales. En ese sentido, se establece una serie de obligaciones a los funcionarios públicos mediante las cuales se concretan los principios constitucionales de transparencia y moralidad administrativa con el propósito de evitar la ocurrencia de actos de corrupción, en especial, actos de gran corrupción acaecida en ejercicio de facultades públicas. De esta manera a través de esta iniciativa se modifica el Código Penal y el Estatuto Tributario, así mismo, se crea el Bloque de Búsqueda contra la evasión, un grupo élite de la DIAN, especializado, conformado por funcionarios de carrera de las más altas calidades que investigue y sancione los casos de gran evasión y uso de paraísos fiscales. De igual manera se establece que Las personas jurídicas involucradas en acciones de corrupción serán sujetas a un proceso de desestimación de la personalidad jurídica. Los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos de corrupción, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados.