La presente iniciativa tiene como objeto combatir el desempleo juvenil al establecer mecanismos normativos para facilitar el acceso de las personas que recientemente han culminado un proceso formativo o de educación, al mundo laboral. Para ello, busca establecer que aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público como opción para adquirir el correspondiente título profesional, técnico o tecnológico sirvan como experiencia profesional y/o relacionada. Lo anterior permitirá a cada uno de los aspirantes poder acreditar en su correspondiente hoja de vida, la experiencia adquirida en este tipo de actividades académico-laborales y que, de esta misma manera, quien sea el futuro empleador de la persona interesada, pueda apreciar las habilidades adquiridas por el trabajador durante el desarrollo de estas. Adicionalmente, se plantea un mandato para las Entidades Públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal para que, en la medida que lo permita la disponibilidad presupuestal, destinen un rubro de su presupuesto al reconocimiento de un subsidio de transporte y alimentación para aquellos que no devengan ningún tipo de beneficio económico con la Entidad correspondiente, y que en ese momento se encuentran en desarrollo de sus prácticas. Esto con el fin de prestar ayuda en los gastos de manutención de los estudiantes, toda vez que, en muchas ocasiones, el hecho de estar ejecutando sus prácticas laborales, impide que la persona se pueda desempeñar en un empleo adicional, al no contar con la disponibilidad de tiempo suficiente, entre otros factores.