Esta iniciativa busca extender la vigencia de la Ley 418 de 1997 para enfrentar y derrotar de manera definitiva la ilegalidad, entendida como todo lo que opera por fuera del marco legal y que atenta contra el orden público. Así bien, cabe destacar que de no prorrogarse dicha ley, el Gobierno encontraría mayores obstáculos para la consolidación de la política de seguridad tanto en las ciudades como en las áreas rurales y no podría responder de manera efectiva y oportuna a las dificultades que surgen a raíz de la alteración del orden público y a las acciones de grupos armados al margen de la ley.