Este proyecto de ley responde a la necesidad de fortalecer los instrumentos jurídico-penales que nos permitan ser más eficaces en la lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta -además-, que desde la política criminal del Estado se hace imperativo empoderar a los fiscales y jueces para puedan contrarrestar a los corruptos de forma más efectiva. En ese orden de ideas este proyecto de ley facilita la judicialización y sanción tanto de los servidores públicos como de los particulares que sean autores o participes de delitos contra la administración pública. Este proyecto es también una manifestación de la iniciativa legislativa que la Constitución le asigna al Fiscal General de la Nación8 en el diseño de la política criminal del Estado y contempla distintas modificaciones normativas para contrarrestar las principales conductas que se han identificado como generadoras de corrupción. Entre ellas, medidas enfocadas a combatir el fenómeno en campañas políticas, procesos de contratación pública, el deber de denuncia de hechos asociados a la corrupción, testaferrato en detrimento de la administración pública, ocultamiento o destrucción de pruebas, entre otros, en tanto que si bien la lucha integral contra la corrupción requiere de medidas multidisciplinarias, lo cierto es que las competencias en materia legislativa de la Fiscalía General de la Nación se circunscriben exclusivamente al ámbito político criminal.