Se busca fortalecer la figura de las Organizaciones Comunitarias de Vivienda, introduciendo una reglamentación con rango legal, que le imprime seguridad jurídica y mecanismos de vigilancia y control a los recursos que son objeto de aportes para un propósito solidario, en la consecución de viviendas para sus miembros. Estos nuevos instrumentos garantizarán el éxito y la transparencia que estas Figuras solidarias adelanten en los sucesivo, con ello, se busca consolidar en la política social de vivienda para los más necesitados y de paso facilitar al Estado en todos sus niveles, los aportes de lotes de terrenos que propicien y promuevan las soluciones de viviendas que sean de iniciativa popular, impulsadas por el ahorro de cada miembro de esas figuras asociativas.